Los procesos judiciales por incumplimiento de pago han aumentado de forma alarmante en los juzgados, generando un colapso del sistema judicial. Esto se debe al crecimiento de demandas relacionadas con facturas impagas, títulos valores (letras, pagarés, cheques, etc.) y otras obligaciones de pago.
Durante la pandemia, el Gobierno implementó medidas extraordinarias para restringir actividades, lo que afectó a muchas empresas. Como resultado, numerosos acreedores acumularon cartera pesada y optaron por demandar a sus deudores.
Actualmente, un solo juzgado maneja más de 8,530 expedientes, superando en más del doble la capacidad procesal establecida para los Juzgados de Paz Letrados Mixtos (1,700 expedientes). Esta situación exige una solución inmediata.
¿La solución?
Una estrategia eficaz de gestión y negociación con el deudor es clave para evitar procesos judiciales largos y costosos. Implementar un manejo adecuado de la cartera pesada permite mejorar los resultados sin afectar el flujo financiero de las empresas.